El Gobierno amplió ayer la denuncia que impulsó esta semana por una supuesta multimillonaria defraudación en la compra de guardapolvos para chicos vulnerables, mediante la contratación de 30 cooperativas durante la gestión del disuelto Ministerio de Desarrollo Social, el año pasado. Funcionarios del Ministerio de Capital Humano informaron que presentaron más pruebas en la causa que recayó en el juzgado federal de María Servini.
La investigación apunta a una serie de convenios que firmaron la ex ministra Victoria Tolosa Paz y al secretario de Articulación de Política Social, Leonardo Moyano, con una treintena de cooperativas por un monto superior a los 5.000 millones de pesos, para la confección de un millón y medio de guardapolvos que debían ser destinados a estudiantes de bajos recursos económicos. Según la auditoría que realizaron funcionarios del actual Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, y que presentaron ante la Justicia, del total comprometido se entregaron menos de la mitad de las prendas comprometidas, pero se cobró casi el 80% del total de fondos comprometidos.
Tolosa Paz rechazó esas acusaciones y aclaró: “Yo no adquirí guardapolvos como ministra, yo adquirí y llevé adelante un programa de inclusión social”. Además, consideró que “Milei intenta contar denuncias porque no puede contar nada bueno (…) Nos tiene que poner a todos los gestionadores públicos en el lugar de los sospechosos de corrupción”. Lo cierto es que la denuncia el Gobierno acusó a la ex funcionaria y actual diputada de Unión por la Patria de “defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, debido a las “irregularidades manifiestan” en los convenios que ambos “no podían desconocer y/o ser ajenos”.
También, los funcionarios del Ministerio de Capital Humano le endilgaron a Tolosa Paz los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. “Demás está decir que si no hubo mediado un acto de corrupción por parte los funcionarios públicos implicados, a fin de conseguir un beneficio económico ilegítimo en su propio provecho, claramente no hubieran tenido lugar los hechos narrados”, estableció el escrito que deberá investigar la jueza Servini.
Infobae
